Agustín Perozo Barinas.
La delincuencia arropa nuestra sociedad. No solo la de carácter violento, como son los homicidios, sicariato, feminicidios, atracos y violaciones, sino también los tipificados como fechorías de cuello blanco, categoría donde entra la reinante corruptela en el Estado.
En cuestión de años se nos ha venido de golpe esta situación que bien pareciera incontrolable. Investigando en toda la geografía nacional sobre las cinco calamidades capitales, de otras muchas que agobian a la población, se revela la inseguridad ciudadana entre las de mayor desvelo. No hay un solo día que el alma se serene sin oír o leer en los medios de prensa de uno u otro acto desgarrador en nuestro país. Y se van agravando las particularidades de éstos.
Nuestro mapa político ha sido fragmentado de tal forma que su control se hace cada vez más disperso. Los recursos no se priorizan y se diluyen las estrategias. Continúa la rancia costumbre de convocar seminarios y cumbres, designar comisiones, formular declaraciones; y habitualmente sin resultados efectivos apreciables. Habría que involucionar todo el sistema para reformarlo y relanzarlo hacia una “revolución evolucionista.”
República Dominicana, por la extensión de su territorio y el tamaño de su población, no debería exceder cinco regiones políticas que respondan a un eje transversal en el Palacio Nacional. En cada región de éstas un gobernador, un superior policial y un superior militar a los que respondan sus contrapartes provinciales. Estos jefes regionales responderían directamente al Presidente de la República. Cada región sería así una extensión de un puño, como dedos a la mano. Cerrados hacia sí, representan la unidad y la fuerza, condiciones necesarias para enfrentar la descomposición y desintegración generalizadas.
Es legítimo que la ciudadanía reclame por estructuras militares y policiales depuradas con menor número de efectivos hasta una cantidad que incorpore la eficiencia y la competencia de sus mandatos, mejor preparadas y remuneradas, y a su vez con estrictísima supervisión y sanciones a la infracción de sus normas y juramentos ante la sociedad. En contrapeso a esta rigurosa preparación, reforzada inspección y drásticos correctivos a transgresiones, que disfruten de un aliciente paquete salarial y progresivo al rango que les asegure, en grado digno, derechos a ellos y a sus familias en la salud, vivienda, seguridad social, educación, retiro, etc.
Es preferible asumir ese costo en el presupuesto nacional que vivir de rodillas ante la delincuencia y sus secuelas. A una sociedad con marcadas carencias materiales y cívicas le sumamos la adversidad de la inseguridad ciudadana, entonces tenemos un purgatorio en nuestro propio suelo y un capital social en franco deterioro. Este “puño nacional” no podrá estrechar la mano con el delito y el desgobierno, pues cerrado no abriría ante la culpabilidad. Pero deben consumarse cinco imposiciones esenciales: Formación, supervisión, prevención, sanción y retribución.
El costo económico de la delincuencia a la sociedad en relación al Producto Interno Bruto (PIB) debe ser tomado en cuenta para influir un término compensatorio a la propuesta. Analizar los gastos en hospitales públicos para atender heridas ocasionadas por delitos violentos y a los accidentados en vehículos de todo tipo, incluidos motoristas, derivados por infligir la ley de tránsito por alguna de las partes, o ambas a la vez. Los gastos legales del ministerio público para completar expedientes y darle seguimiento a estos procesos. Los gastos penitenciarios para mantener una población correccional en aumento. Si la sumatoria de estas partidas se aproxima al 1% del PIB se puede concluir que habría que destinar recursos en esa proporción para contraponer sus raíces.
¿Qué tipo de libertad es aquella asediada por el desorden y la inseguridad? Gobiernos con caciques que no son referentes morales no pueden garantizar el retorno de la tranquilidad. Ni respetan la institucionalidad y cada día son más avispados para exprimir el erario con paquetes salariales, contratos y comisiones que no corresponden a un Estado pobre, por más estadísticas que presenten para su propio consumo. La mayor proporción de la población dominicana es pobre, que se clona a sí misma y su circunstancia, por su limitación educativa. ¿Por qué les es tan difícil entender el contexto de la pobreza? ¿Por qué hay que examinarla tanto como lo que es y no por lo que la causa?.
Cientos de miles de dominicanos adultos están enajenados con un inédito oscurantismo criollo, un martilleo rítmico, alcohol y motoconcho. La mujer dominicana sigue soportando en su cocina con los calderos “boca’bajo” y los jóvenes, con pocas oportunidades, están expuestos a las mismas precariedades de sus padres. Serán estas mujeres y estos jóvenes, atrapados en una crisis que no cede, los que aguijonearán las voluntades de los hombres dominicanos para reclamar otra suerte existencial. No dudemos, pues lo veremos...
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