Evolución hacia la dicta-blanda.

Agustín Perozo Barinas

“El régimen de Augusto Pinochet no es una dictadura, es una ‘dicta-blanda’. Dictadura fue la del tirano Rafael Trujillo.” Expresión escuchada en Santiago de Chile en 1984.

Algo sorprendido, decidí consultar un diccionario para valorar las definiciones del verbo ‘dictar’. 1. Leer o decir algo para que otro lo escriba. 2. Dar o anunciar una ley, norma, sentencia. 3. Impulsarnos a hacer algo la razón, la conciencia o los sentimientos. Este verbo es sinónimo de decretar y antónimo de derogar.

Busqué el antónimo de dictadura, que es la palabra ‘democracia’ y sus definiciones: 1. Forma de gobierno en que los ciudadanos eligen a sus gobernantes por votación. 2. País gobernado de esta forma. Aproveché para leer las definiciones de ‘tirano’: 1. Persona que gobierna sin tener derecho, imponiendo lo que ella quiere. 2. Persona que pretende mandar sobre las demás y que todas hagan lo que ella quiere.

Resumí que hay una diferencia entre tiranía y dictadura. Todas las tiranías son censurables, pues concentran el poder en un solo individuo para provecho personal y es, por necesidad, excluyente. En cambio, las dictaduras pueden no ser buenas o malas, independientemente de sus doctrinas, de la misma manera que hay buenas o malas democracias, pero agregando que una mala democracia se niega a sí misma. La democracia es el sistema político idóneo por excelencia, pero actuando bajo sus preceptos éticos. O es democracia o es una feria de charlatanes.

En República Dominicana un sistema demagógico partidocrático disfrazado de democracia tiene secuestrada, vía las arcas públicas, a una mayoría relativa por medio del clientelismo, aprovechando el bajo discernimiento y las miserias de las masas dominicanas. Esto va creando las condiciones adecuadas para que, agotados los recursos para sostener el sistema clientelar, la frustración popular contra este régimen “democrático” dé paso a propuestas dictatoriales.

Se entendería que una dictadura surgida de ese descontento popular prescindiría por un tiempo de un Congreso que le cuesta al erario unos cinco mil millones de pesos anualmente. La función del Congreso es legislar, representar y fiscalizar. Sondeando la población se concluye que una mayoría no se siente representada por los legisladores electos en sus respectivos municipios. En cuanto a fiscalizar, sería una broma plantear que fiscalizan el incumplimiento de las leyes o la corrupción que sangra los recursos nacionales. Y sobre su función de legislar, quedan cortos en ello para costar tanto al país. Pasan leyes que, o representan intereses exclusivos –políticos / económicos-, o que sencillamente no se cumplen. Aparte que, como agravante, legislan para su propio beneficio.

En esa hipotética dictadura se incluiría la figura jurídica del perjurio en el sistema judicial. Sin esta herramienta es casi imposible luchar contra la corrupción pública y privada. Contra corruptos y corruptores. También se complementaría el Código Procesal Penal con un Código Penal similar al de los Estados Unidos, que contemple condenas acumuladas consecutivamente según la gravedad del crimen.

Esa posible dictadura pondría un tope a los paquetes salariales de los funcionarios públicos. Ningún funcionario público de mayor jerarquía debe exceder ingresos mensuales sobre los ciento cincuenta mil pesos –todo incluido-, y en los cargos ministeriales no más de trescientos cincuenta mil pesos, –todo incluido-. A la administración pública se va a servir, no ha servirse. De ahí su nombre: servidor público.

Una eventual dictadura apoyaría la carrera administrativa, donde las posiciones políticas se circunscriban a los altos cargos ministeriales. El Estado no pagará a ningún empleado público bajo los diez mil pesos mensuales. No fomentaría la vagancia en oficinas públicas y cada posición en el Gobierno debe tener una función específica con resultados cuantificables. Darle mayor peso dentro del Gobierno a la Oficina Nacional de Administración Pública (ONAP) para que implemente y fiscalice las funciones y el desempeño de los empleados públicos, más allá de las buenas intenciones o compromisos de cualquier índole.

Endosaría la preeminencia de los derechos humanos, que deben garantizar el derecho a la vida y la integridad individual de las personas. Así como los derechos a una educación de calidad, al trabajo y remuneración dignos, a una suficiente y equilibrada alimentación, a la salud con amplia cobertura, a la vivienda decente, a la seguridad ciudadana, a la vejez con certidumbre, a procesos judiciales imparciales. Estos también son derechos humanos irrenunciables que la Comisión de Derechos Humanos debe amparar activamente, de igual modo.

Fomentaría el estudio, el trabajo y la producción. Instituiría la tanda única en las escuelas públicas. Apoyaría consistentemente los politécnicos y la educación superior, privilegiando carreras técnicas que correspondan al desarrollo sostenido de la producción nacional. Exigiría una elevada docencia impartida por un profesorado competente. Favorecería la formación cívica, la libertad sin libertinaje y el respeto de las leyes –puntualizando el respeto al derecho ajeno-.

Establecería el salario mínimo para los empleados públicos en diez mil pesos mensuales, indexados cada dos años en relación al Índice de Precios al Consumidor acumulado al período. Emplearía a un millón dos cientos mil dominicanos y dominicanas en proyectos de producción nacional orientada a las exportaciones y el consumo local. Redefiniría, para estos proyectos, la tenencia de la tierra. Ésta tributaría, produzca o no, para impulsar la producción en las mismas.

Una posible dictadura aplicaría sin titubeos la Ley de Migración, rediseñándola si fuese necesario, para salvaguardar la soberanía e identidad nacional. Honraría el fragmento de nuestro Himno: “ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril.” Revocaría, a cualquier costo prudencial, todo tipo de contratos leoninos en perjuicio del Estado Dominicano. Nos enorgullecería de nuestra dominicanidad, reprobando los trastornos que le han impuesto a la Nación.

Pero no hay que encresparse. Esta dictadura es la del imperio de las leyes. Es la dictadura de la ley que puede coexistir dentro de un sistema genuinamente democrático. Si el sistema vigente no corrige su rumbo, un frustrado pueblo huérfano de porvenir gestará su propia ‘dicta-blanda’, como lo intentó en 1965 y en 1984, si se agravan aún más sus penurias.