J’ACCUSE

Agustín Perozo Barinas

Quien vivió una dictadura sabe valorar la democracia. Quien la valora lucharía por salvaguardarla y ello implica un rosario de reflexivos compromisos. Si la democracia deja de desempeñar su papel fundamental de promover el desarrollo y bienestar de la gente, con libertad, entonces empieza su ocaso.

Una valiosa proporción de la sociedad dominicana no cree que este sistema promueva su prosperidad. Pero hay una fracción significativa de la población sujeta al clientelismo que es de uso exclusivo de la camaleónica clase política gobernante desde 1961. Para evitar que ese segmento defina los resultados de las próximas elecciones presidenciales a favor de uno de los candidatos de La Tripleta es preciso exponer en la ciudadanía abstencionista la grave complejidad de la situación actual y el apremio por su voto atinado.

Una parte relevante de la deuda social acumulada tiene su raíz en el robo de bienes públicos. La sobrevaluación de insumos hospitalarios ha sido tan nefasta como la misma práctica en obras de infraestructura. Así como los garrafales estipendios de altos funcionarios con su larga estela de incentivos, las excesivas y arbitrarias pensiones, las comisiones exorbitantes, etc. La cantidad, variedad y gravedad de actos dolosos en contra del Estado Dominicano son una vergüenza para los impasibles, que a fin de cuentas también pagarán la factura. Y nadie está obligado a desnudar el origen de su fortuna.

Mantener una posición firme contra la rapiña en las arcas públicas, en todas sus vertientes y formas, no es un simple enunciado. Es una responsabilidad colectiva. Cada recurso extraído del erario y usufructuado ilícitamente por funcionarios y particulares vulnera la felicidad de la sociedad. Erosiona recursos para educación, que es la plataforma intrínseca del desarrollo de los pueblos y menoscaba las aspiraciones por una consistente institucionalidad que reafirme el cumplimiento taxativo de las leyes.

Reclamar, como impertinencia onírica, la fiscalización de los patrimonios de estos políticos para determinar si el origen de esos bienes son lícitos, o fruto del peculado durante sus gestiones administrativas, y si esto último fuere el caso, sancionarlos de acuerdo a la ley. Pero en las monsergas legales de los fiscales “anticorrupción” con sus figuraciones y alegatos –apologistas del status quo-, no encontramos expectativas para ello, pues ‘las clases no se suicidan’. Citando a Emile Zola: “Mi deber es hablar. No tengo deseo de ser un cómplice.”

Tenemos una sociedad inmadura, delineada así por La Tripleta para su manejo oportuno, a la vez que promueve la desarticulación y dispersión de los insatisfechos aplicando manuales de mercadotecnia donde la colectividad se reduce a un mercado electoral. Una consecuencia de esto es un capital social que se debilita progresivamente.

Continuar persuadiendo a la gente con estas denuncias parecería cuesta arriba por el limitado alcance que tiene un individuo en la sociedad. La Tripleta manipula la opinión pública maleable con galimatías y el añejo artificio de “pan y circo”. A los que no encorvan los estereotipan como quejosos resentidos, rebeldes impenitentes o labradores del desierto. Para esta clase política huera, rancia y corrupta, lo que sirve, no sirve. Y hasta llegan a creérselo en su propia fábula; que siendo ficción no deja de ser real el desgaste al alma nacional.

Si ya fueran cosas del pasado, fuera más cómodo ver hacia el futuro sin este pesado anclaje. Pero el escamoteo sigue, tan campante... Estos marrulleros son un riesgo para una genuina democracia. Aquella por la que tantos buenos dominicanos y dominicanas ofrendaron sus propias vidas; no por esta aberración innombrable.

Nota: El autor residió en Chile entre 1984 y 1985 en la dictadura del General Augusto Pinochet Ugarte.