Tenemos años hablando
de reforma y de cambio. De hecho, la palabra cambio se ha vuelto la varita
mágica de las campañas electorales.
Traigo todo esto a
colación porque estoy convencido de que, en medios como el nuestro, las mismas
tiene que ser parciales, paso a paso, institución a institución, de acuerdo a
un “calendario de entregas” fijado previamente por un acuerdo entre las elites.
En el caso dominicano,
lamentablemente, las élites políticas no pueden tomar la decisión porque ellos serían
juez y parte. Por tanto, la decisión debe ser tomada por los que sufrimos los
embates de los políticos: por la gente organizada y por los que “tienen algo
que perder”.
Piénsese en la reforma
judicial. Para lograr una efectiva reforma judicial habría que modificar el
Senado o atribuir la ejecución a un organismo más politizado que éste que no
podría garantizar una verdadera independencia de la Función Judicial.
Si decidimos, como creo,
que el problema es más complejo que la designación de los jueces sino que
incluye, entre otras cosas, las herramientas que pongamos en sus manos para que
tengan la obligación de portarse bien, entonces entramos al juego de las instituciones
y al valor de la ley.
Por ejemplo, es ingenuo
pensar que estableciendo en la Constitución un porcentaje del presupuesto
nacional para el Poder Judicial se resolverán los problemas, cuando no se
tienen mecanismos para hacer cumplir la letra de la ley. En varias constituciones
latinoamericanas aparece el dichoso porcentaje y en ninguna se cumple. ¿Qué nos
hace pensar que aquí va a ser distinto?
Es por ello que pienso
que existen varias áreas claves de la reforma que deben ser el resultado de un
consenso nacional, a las que debe dedicarse todo el esfuerzo necesario para hacerla
funcionar. Las resumiría de la manera siguiente:
a) Creación de un
Tribunal de Salvaguarda del Patrimonio Público que se encargue de juzgar todos los
delitos de la corrupción estatal, a cualquier nivel, incluyendo como delito la mala
administración de los recursos del Estado. Ya tenemos experiencia con el
tribunal de Confiscaciones que funciono buen en su momento.
La ventaja de este
tribunal es que no afectaría a los “buenos”, sino a los malos de la película. Además
nadie se sentiría amenazado por una reforma judicial general que ni se sabe dónde
terminaría.
Asegurado el control de
la corrupción se pasaría a:
b) Descentralización
del estado, incluyendo nuevas forma de representación, y modificación de la ley
electoral para hacerla más democrática.
Es evidente, sin
embargo, que toda mutación está sujeta al concepto de gobernabilidad existente
en las élites en un momento determinado.
Ello así, porque en la
cultura política dominicana está muy enraizado el concepto de la autoridad, que
bien puede traducirse aquí como sinónimo
de gobernabilidad.
La petición reiterada
de un “Trujillo” es un grito por la autoridad necesaria para gobernar. Es por
esto que a nuestra condición le cabe perfectamente la definición de “situación
autoritaria” de Juan Linz, al referir esa especie de aberración en la cual
perseguimos un fin democrático arraigado en la cultura política del país el
concepto de autoridad física, violenta, como sinónimo de gobierno.
Es por ello que los
gobernantes que han tenido menos dificultades en su función gubernativa, son los que, como decía Lilís, han “pagado sus homenajes al ideal democrático
representativo”, pero que no lo usan en ciertos y determinados casos.
Por tanto, el peso del
valor gobernabilidad es superior, en la cultura política dominicana, al valor
democracia, derechos humanos, entre otros.
Esto puede explicar,
por ejemplo, el relativo desdén a las violaciones de los derechos humanos, a la
legalidad del sistema, porque existen valores “superiores” en la mentalidad de
la población.
Cómo cambiar la
mentalidad de la gente es la clave del verdadero cambio y para lograrlo se
necesitan ejemplos, pues, como se sabe, los hechos “siempre han tenido más
eficacia para persuadir que las razones”, como expresara José Núñez de Cáceres
hace más de 170 años.
Por eso, la reforma
tiene que hacerse gradual y pacientemente, en instituciones que sean eficaces
en la práctica.
De ahí pasaríamos a las
reformas más generales pero esto será motivo para otra entrega.
Revista RUMBO. Año 1 Numero 11 del 7 al 19 de abril de 1994.
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